La desamortización española fue un largo proceso histórico,
económico y social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798),
ministro y favorito de Carlos IV, y cerrado ya muy entrado el siglo XX
(16 de diciembre de 1924). El concepto "desamortizar" hace referencia a
privar a alguien de una propiedad si no la explota correctamente; es
decir, si dicha propiedad está en poder de manos muertas. Una plena
producción agrícola a fin de acrecentar la prosperidad y poder de la
nación hacía necesaria aquella desamortización. Obviamente, esto iba en
menoscabo del poder que tradicionalmente habían detentado los
estamentos eclesiástico y nobiliario.
Así pues, la desamortización
consistió en la expropiación forzosa y subasta pública de las tierras y
bienes hasta entonces inalienables; es decir, propiedades desatendidas
por parte de la Iglesia Católica o las órdenes religiosas y que fueran
acumuladas por aquellos habituales beneficiarios de donaciones,
testamentos y abintestatos. También se contaron en la magna operación
los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. En otros
países sucedió un fenómeno de características más o menos similares. Su
finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y
clase media de labradores propietarios. Además, el estado obtenía unos
ingresos extraordinarios con los que se pretendían amortizar los
títulos de deuda pública.
La desamortización se convirtió en la
principal arma política con que los liberales modificaron el régimen de
la propiedad del Antiguo Régimen para implantar el nuevo Estado liberal
durante la primera mitad del siglo XIX. La desamortización fue usada
principalmente para vender las propiedades de la Iglesia a la clase
burguesa, que sí que pagaría impuestos, además de darle uso comercial,
industrial... a esa tierra. Las desamortizaciones hicieron que España
viese rotas sus relaciones con el Vaticano en varias ocasiones a lo
largo del siglo XIX. Las principales desamortizaciones en este tiempo
fueron las de Mendizábal y Madoz.
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